Inspeccion de trabajo murcia

Revista de derecho laboral

La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos (Ucrif) seguía la pista de una empresa sospechosa de contratar a ciudadanos extranjeros en situación irregular, aprovechando su situación de precariedad para ofrecerles trabajo en el almacén de una empresa hortofrutícola situada en la zona de Cobatillas.

La primera de las inspecciones, realizada conjuntamente por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo de Murcia, tuvo lugar el pasado 8 de julio. En el almacén de la empresa investigada se identificaron 36 trabajadores, entre los que se encontraban 20 ciudadanos marroquíes, todos ellos en situación irregular, trabajando en condiciones higiénicas muy cuestionables. Grandes cantidades de productos hortofrutícolas (cebollas) estaban por todo el suelo y la entrada del almacén, algunos de ellos en estado de putrefacción y desprendiendo un fuerte y desagradable olor.

En la segunda inspección, realizada el 3 de agosto, se identificaron 38 personas, con 18 trabajadores en situación irregular. 11 de ellos ya habían sido identificados en la primera inspección. La empresa había seguido explotándolos en el mismo almacén.

Relaciones laborales comparadas

Idioma original Título: Real Decreto 375/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado, a la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral).

Además, el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, y reformado por la Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, atribuye en su artículo 12. 13 a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la función ejecutiva en materia laboral, en los términos que establecen las leyes y reglamentos que en desarrollo de la legislación dicte el Estado.

El Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, determina las normas y el procedimiento a seguir para el traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que regula también el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, la Comisión adoptó en su reunión de 6 de febrero de 1995 el oportuno Acuerdo, cuya virtud práctica requiere su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

Ai y derecho laboral

En España, la SST está regulada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 1995, que abarca a todos los trabajadores por cuenta ajena, excepto a los autónomos y a los trabajadores domésticos. Tampoco se aplicará a aquellas situaciones cuyas características no lo permitan en el ámbito de la función pública, por ejemplo, la policía, la seguridad, las fuerzas armadas y las actividades militares, así como la protección civil.

La legislación y la estrategia nacionales se negocian tanto con las Comunidades Autónomas como con los interlocutores sociales en forma de diálogo social. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desempeña un papel importante en el proceso de negociación (CNSST)[4].

El Consejo de Ministros aprobó la actual Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST 2015-2020)[5], presentada por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el 24 de abril de 2015. La Estrategia es continuación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2007-2012 (EESST 2007-2012)[6]. Ambas estrategias son el resultado del compromiso del gobierno central, los gobiernos regionales, las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos. Las Estrategias fueron acordadas con todos los agentes sociales y las comunidades autónomas tras un amplio proceso de diálogo social. Junto con el Gobierno, estos agentes son los integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), el órgano paritario en el que participan las instituciones en materia de seguridad y salud laboral.

Revista de derecho y política laboral comparada

El club de Cartagena está siendo investigado por pagar sueldos en “dinero negro” y presentar cotizaciones a la Seguridad Social que no coinciden con las cantidades que reciben los futbolistas. Los agentes están buscando documentación que demuestre estos hechos de fraude y el escándalo nacional ha revelado que no hay suficiente control económico aplicado a los clubes de fútbol semiprofesional en España, lo que les ha permitido hacer esencialmente lo que quieren con sus fondos procedentes tanto de la venta de entradas como de los patrocinios.

En un comunicado emitido por el FC Cartagena, el club ha dicho que la visita policial era una inspección rutinaria de la Inspección de la Seguridad Social y ha lanzado un “mensaje de normalidad” a sus aficionados y patrocinadores.

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