Ley de contrato de seguro españa

Eva Longoria, Victoria Alonso y más | Diálogos de la Academia

El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y en caso de producirse el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

Las distintas modalidades del contrato de seguro, en defecto de ley que les sea aplicable, se regirán por esta Ley, cuyos preceptos son imperativos, salvo que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, se considerarán válidas las cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado.

Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener un efecto perjudicial para el asegurado, deberán ser incluidas por el asegurador en la proposición de seguro si así lo ha sido y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que será suscrito por el asegurado y del que se obtendrá copia. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se prestará especial atención a las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

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Los juzgados y tribunales españoles pueden ejecutar todos los laudos dictados por los árbitros a petición de una de las partes interesadas. En este sentido, los contratos mercantiles de seguros y reaseguros suelen incluir cláusulas de resolución de conflictos de diversa índole, siendo la más utilizada el sometimiento a los juzgados y tribunales competentes. Asimismo, los contratos también incluyen el derecho de las partes a someterse a un procedimiento arbitral para la resolución de conflictos, aunque esta opción suele ser menos habitual y aplicable, en todo caso, a los seguros de no vida.  En este sentido, la competencia para ejecutar los laudos arbitrales corresponde a los juzgados de primera instancia del lugar donde se dictó el laudo, iniciándose el procedimiento por una de las partes mediante una demanda de ejecución, adjuntando el título ejecutivo, el convenio arbitral y los documentos que acrediten que el laudo fue debidamente notificado a las partes. Este procedimiento concluye con la correspondiente resolución judicial de ejecución, como si de una sentencia ordinaria se tratara.

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cubre temas comunes en las leyes y regulaciones de seguros y reaseguros – incluyendo autoridades reguladoras y procedimientos, reclamaciones de (re)seguros, litigio – visión general, litigio – procedimiento y arbitraje.

El organismo regulador español del sector (re)asegurador (incluyendo la distribución y los fondos de pensiones) es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (“DGSFP”) dentro del Ministerio de Economía y Transformación Digital.    Es importante aclarar que la DGSFP es también la autoridad supervisora de estos sectores.

Para llevar a cabo las facultades de supervisión, la DGSFP tiene derecho a solicitar información o documentos relevantes a las (re)aseguradoras, así como a proceder a inspecciones in situ, pudiendo imponer sanciones disciplinarias (incluyendo multas) a las (re)aseguradoras.

Por lo tanto, para poder operar en España, la compañía de (re)seguros debe obtener una licencia del Ministerio de Economía y Transformación Digital antes de iniciar cualquier negocio de (re)seguros en España.    La licencia se concederá para determinados ramos de actividad aseguradora (líneas de negocio).    Sin embargo, como norma general, las nuevas compañías de seguros no podrán suscribir tanto negocios de seguros de vida como de no vida.    En cambio, las compañías de reaseguros pueden suscribir tanto negocios de reaseguro de vida como de no vida.

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El apartado 8 del artículo 20 de la SICA estipula que no se pagarán intereses de demora en determinadas circunstancias, a saber, “…cuando la falta de indemnización o de pago de la suma mínima debida se funde en una causa justificada o en una causa no imputable al asegurador”. Sin embargo, lo que constituye una “razón justificada” ha sido objeto de varias sentencias emitidas por el Tribunal Supremo español y, como resultado, la posición sigue siendo poco clara.

El Tribunal Supremo permitió anteriormente a las aseguradoras evitar el pago de los intereses de demora en virtud del artículo 20 de la SICA, si podían demostrar una serie de razones, entre ellas (i) una disputa entre las partes sobre el siniestro o sus causas; o (ii) una discusión en curso sobre la cobertura de la póliza; o (iii) la necesidad de intervención judicial a la vista de las discrepancias entre las partes; o (iv) una reclamación exagerada.

Sin embargo, esta postura ha ido cambiando paulatinamente y la actitud del Tribunal Supremo se ha endurecido, reduciendo las bases sobre las que los aseguradores pueden negarse legítimamente a indemnizar a un asegurado. Por ejemplo, la mera existencia de un litigio ya no se considera una “razón justificada” para que las aseguradoras no indemnicen. Esta postura se ha visto reforzada por la última sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, de fecha 1 de julio de 2016. En esta decisión, el Tribunal Supremo confirmó la posición de que la existencia de un procedimiento judicial en curso (por sí sola) no basta como base legítima para que las aseguradoras se nieguen a indemnizar al asegurado. El Tribunal Supremo sostuvo que, en tales circunstancias, lo adecuado era que las aseguradoras efectuaran un pago del siniestro reclamado, a la espera de la resolución de cualquier litigio.

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